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“Con la aprobación del proyecto de ley que modifica la Ley No. 294-11, que aprueba el Presupuesto General del Estado (PGE) para el año fiscal 2012, se confirma que el Poder Ejecutivo prepara cada año un gran fraude presupuestario”. Así inicia Rijo Presbot un análisis enviado a Acento sobre la forma en que se ha estructurado el manejo del presupuesto.
A continuación, el documento de José Rijo Presbot
Fraude Presupuestario
Con la aprobación del proyecto de ley que modifica la
Ley No. 294-11, que aprueba el Presupuesto General del Estado (PGE)
para el año fiscal 2012, se confirma que el Poder Ejecutivo prepara cada
año un gran fraude presupuestario.
Conforme al artículo 233, de la Constitución de la
República, el Poder Ejecutivo debe elaborar el PGE conteniendo los
ingresos probables, los gastos propuestos y el financiamiento requerido,
realizado en un marco de sostenibilidad fiscal.
A modo de engaño, se establece un nivel de déficit
que luego, mediante un mecanismo mal llamado “Presupuesto
Complementario”, no establecido en la Ley Orgánica de Presupuesto, se
eleva su monto.
Así, en el año 2008 se presupuestó un déficit de
RD$10,168.0 millones de pesos y se terminó ejecutando un déficit de
RD$53,995.1 millones de pesos, equivalente al 431% de incremento. En el
2009, el incremento del déficit fue de 62%, al pasar de RD$30,885.8 a
RD$49,906.0 millones de pesos; en el 2010, de 12%, al pasar de
RD$47,828.4 a RD$53,616.9 millones de pesos; en el 2011, de 48%, de
RD$33,547.9 a RD$49,743.9 millones de pesos.
Para el 2012 se presupuestó un déficit original de
RD$22,443.7 millones de pesos, equivalente al 0.9% del PIB, el cual,
para todos los analistas estaba subestimado, ya que los ingresos se
estimaron con un crecimiento del 20% con relación al año 2011, sabiendo
que las recaudaciones habían tenido un comportamiento inferior a lo
esperado en RD$6,929.4 millones en enero-junio y que el PIB Nominal
crecería en un 11%, al considerar una tasa de crecimiento de un 5.5% en
términos reales y una tasa de inflación promedio de 5.4%.
Por el lado de los gastos, indudablemente que estaban
subvaluados, con solo poner el ejemplo del subsidio a la CDEEE, que se
consideró un monto de RD$10,679.5 millones de pesos como transferencias
corrientes, mientras en el 2011 se preveía, como efectivamente ocurrió,
de un monto de RD$24,209.97 millones de pesos.
Previamente el Sr. Alejandro Santos, representante
del Fondo Monetario Internacional, había advertido que para fin de junio
2011 no se alcanzaron la meta del déficit corriente del sector
eléctrico y la meta para el déficit fiscal consolidado.
Aún así, el Poder Ejecutivo con su mayoría mecánica
en el Congreso Nacional logra imponer un presupuesto a todas luces
inconsistente con las proyecciones, y muy a pesar de que el FMI
advirtieran en su momento que: “las recaudaciones van a ser
menores a las optimistas proyecciones incluidas en la propuesta del
presupuesto 2012 enviado al Congreso. Aparte, es necesario recalibrar
las transferencias al sector eléctrico”, lo cual no fue considerado por el gobierno y obligó al FMI a romper el Acuerdo Stand-By (SBA) que sostenía con el país.
El Poder Ejecutivo vuelve a estafar al pueblo
dominicano elevando el déficit fiscal a una cifra cercana al 5% del PIB,
pero que no puede ser establecida con ciencia cierta, producto de la
opacidad, la barbarie y la aberración jurídica que constituye el ilegal y
mal llamado “presupuesto Complementario”, violando la Constitución de
la República y las leyes del
Sistema de Administración Financiera del Estado (SIAFE), la buena técnica legislativa e imponiendo su mayoría congresional.
Cabe destacar que mediante esa modificación se
aprueba un préstamo por RD$18,463.0 millones de pesos con el Banco de
Reservas, a un plazo de tres años, que es a todas luces contrario a la
Constitución, ya que ni ha sido firmado por el Poder Ejecutivo ni
sometido al Congreso Nacional; así como que debe ser aprobado mediante
una Resolución y no por medio de una ley; y, que la Ley de Presupuesto
General del Estado no puede contener compromisos más allá del ejercicio
presupuestario que termina el 31 de diciembre de 2012.
Además, esos recursos fueron gastados, por lo que no
se pueden utilizar para cubrir nuevos gastos como se establece en los
artículos 5 y 6, del proyecto de ley de modificación. Con esto se
estaría escondiendo el uso de esos RD$18,463.0 millones de pesos pagados
por el Banco de Reservas.
Urge que la población se incorpore a grupos de
auditoría social para ejercer el control social, único camino que queda
para lograr un verdadero Estado Social y Democrático de Derecho.
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